Una de las preguntas más frecuentes que nos encontramos en nuestra agencia de detectives privados hace referencia a los tipos de pruebas que se pueden o no se pueden utilizar en un juicio, las que son válidas de por sí y las que precisan de un peritaje previo. Las pruebas que recaban las fuerzas de seguridad y las que puede aportar gráficamente un detective a raíz de su investigación han de ser sopesadas por el abogado del caso y luego por el resto de los integrantes del sistema judicial que forman parte del proceso en marcha. No siempre se admiten todas las pruebas, ya que todas han de pasar una exhaustiva valoración: no deben tener muestras evidentes de manipulación, han de aportar información real al caso, tienen que estar debidamente registradas y recogidas por los cauces autorizados. Así que, no, no es sencillo encontrar pruebas para un juicio. Y no, no es fácil conseguir pruebas de peso, que sean irrefutables.
Por ello, es tan habitual que tanto particulares como empresas acudan a bufetes y agencias de detectives privados para encontrar el apoyo legal necesario. En el caso de las pruebas obtenidas con cámaras, si no hay una aprobación previa por parte del juez, es muy complicado que esas imágenes sean admitidas. Al igual que sucede con las escuchas que, como se ha visto últimamente en muchos casos de corrupción, deben ser ordenadas por el sistema judicial para que estén fuera de toda duda. Sin embargo, es importante conocer que las imágenes de las cámaras de vigilancia en los espacios de trabajo, tiendas, bancos y todos los lugares de ámbito laboral sí son válidas en un juicio, por ejemplo.
Y el whatsapp, ¿qué?
Respecto a los mensajes de Whatsapp, otra de las demandas más comunes en los últimos tiempos, es importante aclarar que NO se pueden usar como prueba en juicios sin más. Antes, todos los mensajes de Whatsapp que sean susceptibles de presentarse como prueba deben ser revisados por un perito forense. Será esa figura la que determine si pueden mostrarse ante el juez. Si el perito forense los rechaza, habrá que olvidarse de ellos.
Como es cierto que existen vacíos legales y que, dado el rápido avance de las nuevas tecnologías, cada vez son más, lo ideal es que un detective privado acreditado (esta figura sí está legalmente autorizada a trabajar con pruebas y, de hecho, muchas veces colaboran de forma directa con las fuerzas de seguridad del Estado) pueda orientarnos en cada paso. En Detectib contamos con agentes de investigación especializados en informática y nuevas tecnológicas. Pregúntanos si tienes alguna duda al respecto. La primera consulta es totalmente gratuita. Recuerda que puedes hacer por teléfono en el 900 600 200 (gratuito desde España) o bien vía mail a info@detectib.com.
La separación o el divorcio de una pareja es un proceso complicado que no deja indiferente a ningún miembro de la familia, sobre todo a los más pequeños. Pero la situación, ya de por sí complicada, aún puede volverse más tensa. Con frecuencia, uno de los progenitores considera que su ex pareja no está capacitada para hacerse cargo del cuidado del menor y aboga por la guardia y custodia en exclusiva, en vez de la custodia compartida.
En este contexto, la figura del detective privado es clave para presentar pruebas válidas e irrefutables, que demuestren al juez la incapacidad de la otra parte para velar por el bienestar del menor o que sean lo suficientemente fuertes para modificar un régimen ya acordado.
Las funciones del investigador privado irán encaminadas a esclarecer algunos puntos claves en los acuerdos entre progenitores, que pueden ir desde valorar si hay capacidad para adquirir la responsabilidad del menor, hasta si hay incumplimiento de lo pactado, si el menor está desatendido o, incluso, en situación de desamparo.
De esta forma, las pruebas recopiladas por los detectives privados se convierten en una pieza fundamental en los tribunales, ya que pueden suponer que la decisión judicial se incline a favor de uno de los dos progenitores, o bien instar a la revisión del convenio en vigor.
La experiencia del equipo de Detectib en Mallorcademuestra que la custodia es utilizada por algunos padres como arma arrojadiza contra su ex pareja, sin que el cuidado del niño aparezca como la principal prioridad. En otros casos, se escuda tras un motivo económico y tiene como fin recibir la pensión alimenticia o el disfrute de la ex vivienda conyugal. También hay situaciones en las que el propio horario laboral u otras preferencias personales dificultan la atención adecuada del menor, con todo lo que ello conlleva.
Si sospecha que su pareja descuida sus responsabilidades o no está preparada para cuidar al menor, contacte con un detective privado en Mallorca, Murcia o Barcelonade nuestra agencia. Tenemos personal especializado en temas judiciales y de familia, debidamente acreditados y con larga experiencia en el sector.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, 21 de febrero, el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que incluye determinadas propuestas que han generado un fuerte rechazo en muchos profesionales de la abogacía y de la judicatura.
La Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita está determinado por Ley 1/1996, de 10 de enero (BOE núm. 11, de 12 de enero), en cumplimiento del mandato constitucional desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La justicia gratuita en España se administra de forma diferente en función de la legislación aplicable en cada comunidad autónoma pero, en todo caso, el derecho de asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, salvo que se trate de personas que actúen en un proceso en nombre e interés de otras con discapacidad y que están a su cargo, entendiéndose como tales a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Desde hace algún tiempo, la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) mantiene una propuesta para que los gastos derivados de una investigación privada se incluyan como costas del proceso judicial, ya que esto reforzaría el principio de igualdad ante la Justicia y preservaría el principio de justicia gratuita. Se trata, precisamente, de garantizar un derecho constitucional.
La APDPE argumenta que “al incluirse los gastos de una investigación privada como costas del proceso -como se hace con los de abogados, procuradores o peritos- se garantiza que cualquier persona tenga el fundamental acceso a la prueba sin que la falta de recursos económicos suponga una traba”.
Lo cierto y verdad es que existen varias sentencias de audiencias provinciales que resultan muy significativas. En especial, hay un fallo de 2010 de la Audiencia de Madrid en la que se incluyen en costas las facturas de dos detectives que intervinieron a instancia de la parte actora en un proceso por desahucio.
A detectib acuden a menudo – y sobre todo- mujeres que se quejan de cómo su ex pareja ha instado una modificación de medidas basándose en que le han reducido su contrato de trabajo –y, por tanto, sus ingresos- o que manifiestan que se han quedado en paro cuando lo cierto es que trabajan sin contrato, cobrando “en negro”. Asimismo, los hay que consiguen que el empresario se avenga a hacerles un contrato por menos horas de las que realmente trabajan cobrando un mixto entre “dinero A” y “dinero B” beneficiándose también el empleador al tener menos costes sociales.
Pero… ¿cómo demostrarlo? Los propios abogados recomiendan en la mayoría de ocasionescontratar a un detective privado para que documente y testifique que realmente existe un fraude que tiene como objetivo pagar menos a su pareja en concepto de pensión compensatoria o por alimentos a los hijos. El problema es que la merma de ingresos de quien acude buscando ayuda a un detective privado, le impide pagar los honorarios de éstos. Y aunque la justicia gratuita contempla el pago de abogados, procuradores y peritos, no entiende que la labor de un detectivees, a veces, tan necesaria como la del resto de profesionales para hacer justicia.
Mientras el legislador no contemple a todos los que intervienen en el proceso como partes necesarias para la correcta administración de la justicia y el ciudadano no pueda hacer uso de esos recursos por incapacidad económica, se estará vulnerando un derecho tan fundamental como el derecho a la Justicia.
La Asociación de Detectives Privados de España (APDPE) lleva años intentando instaurar la figura del detective privado de oficio mediante la cual las personas sin recursos que no pueden pagar este servicio podrían acceder a él de manera gratuita o, al menos, subvencionada.
Ésta es una vieja demanda que se ha hecho durante años desde el colectivo de los detectives privados de Mallorca y el resto de España para que las personas que no tienen recursos económicos suficientes también puedan disponer de este servicio en caso de necesidad.
Los detectives privados realizan muchas investigaciones que afectan a temas muy serios, como el cumplimiento de la custodia de los hijos, en las que obtienen pruebas que los padres pueden aportar ante el juez. Las personas sin recursos se ven privadas de este derecho de investigación al que podrían acceder si se instaurara el detective de oficio.
La intención de la APDPE es que pudieran acceder al detective de oficio las personas que demostraran incapacidad económica, así como que se hubieran acogido a la justicia gratuitacon un abogado también de oficio.
El detective privado de oficio sería muy útil, por ejemplo, en casos de violencia de género, de quebrantamiento de órdenes de alejamiento, de custodias o de pensiones compensatorias, entre otros.
Los detectives privados profesionales aportarían pruebas en sus investigaciones que los usuarios podrían presentar en los procesos judiciales en los que se vean envueltos para demostrar su situación. Sería un servicio que permitiría cubrir los casos de personas que de alguna manera se encuentran desamparadas y a los que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no llegan por la falta de recursos.
Según explica la Asociación de Internautas en una noticia del diario digital Público, los SMS y los Whatsapps pueden ser modificados o, incluso, creados falsamente con aplicaciones que se encuentran en Internet al alcance de cualquiera. Algunas de éstas son, por ejemplo, ‘Whatsapp Toolbox’, ‘Fake SMS Sender’ o ‘SQ Life Editor’.
Las posibilidades de estas aplicaciones van desde modificar un SMS enviado o recibido, borrar total o parcialmente alguna conversación o, incluso, falsear mensajes que nunca han sido enviados. Probablemente a todos nos vengan a la cabeza las situaciones que pueden derivar de cosas así.
Lo mejor de todo (o lo peor, depende de cómo se mire) es que ni siquiera hace falta ser una persona experta en tecnología para utilizar dichas aplicaciones, sino que son relativamente sencillas e intuitivas. Es por ello que resulta chocante que este tipo de mensajes se sigan admitiendo como pruebas en muchos juicios sin ser verificados de manera profesional.
Es preocupante pensar en lo vulnerables que podemos llegar a ser, dado que cualquier persona puede ser el blanco de una falsa acusación apoyada en este tipo de pruebas. Sin embargo, aunquees difícil determinar la veracidad o falsedad de estos mensajes, la colaboración de detectives forenses informáticos puede ayudar mediante un análisis forense del dispositivo móvil.
Lo aconsejable sería que cualquier prueba de este tipo que se presentara en un juicio fuera verificada por profesionales en la materia pero, según afirma la Asociación de Internautas, no sucede de este modo. Por ello, la alternativa que tienen los acusados con mensajes falsos esrecurrir a personas experimentadas en la materia que les ayuden a demostrar la falsedad de las pruebas con las que se les ha incriminado.
