Por qué las aseguradoras contratan detectives para destapar fraudes

Los fraudes al seguro del coche se han multiplicado por 3,5 veces desde hace 7 años, lo que supone que 6 de cada 100 siniestros declarados al seguro son intentos de estafa. Un enorme coste para  el sector- más de mil millones anuales sólo en el ramo automovilístico- que hace que cada vez sean más las aseguradoras que contratan a detectives privados para pillar a los tramposos.

Los datos los ofrece Línea Directa en su último barómetro sobre fraude en el seguro de autos, publicado a principios de año. Detrás de ello, la crisis y la arraigada picaresca española. Lo sabe bien la agencia de detectives en Mallorca Detectib, que ha visto como su labor investigadora se ha convertido en clave para la cuenta de resultados de muchas empresas. Según describe, las aseguradoras contratan sus servicios cuando los peritos sospechan o no pueden probar lo que intuyen como fraude. Es entonces cuando entra en escena el investigador privado para contactar con testigos y acumular pruebas.

Asimismo, el personal de la agencia –con servicios de investigación en toda España- coincide con el perfil del defraudador apuntado por el estudio, según el cual es el de hombre menor de 26 años, desempleado o con empleo precario, al que se le suma recientemente el de varón de mediana edad, con formación superior y trabajo por cuenta ajena.  

Por otra parte, el informe asegura que el 94,5% de los intentos de fraude al seguro de autos refieren a daños materiales y el 4,5% a lesiones;  si bien el importe de estos últimos llega a multiplicar por 30 el de aquellos.

En el primer caso, los daños ajenos al siniestro encabezan la lista, seguidos por los montajes preparados con la intervención de varias personas, los fraudes por presupuestos inflados, las averías declaradas como siniestros y los falsos hurtos. En cuanto a las lesiones, destaca que sólo un 2% son por enfermedad o por lesión anterior al accidente, de forma que el 98% restante es por simulaciones o por falso agravamiento de daños reales, especialmente por esguince cervical.

Para contratar a un detective privado en Mallorca rellena el siguiente formulario. Un investigador especializado en el área que buscas se pondrá en contacto contigo lo antes posible. Detectib -con delegaciones en Mallorca, Murcia y Barcelona- dispone de un amplio equipo de especialistas en descubrir siniestros fingidos, estafas a mutuas y a seguros de empresa, que se apoya en los últimos equipos tecnológicos.

Los fraudes en las prestaciones por incapacidad permanente

Es posible que muchos de vosotros conozcáis el caso de algún amigo, familiar o conocido que recibe una prestación por incapacidad permanente. Gracias a esta ayuda pueden vivir dignamente muchas personas que por distintas razones no pueden desempeñar una actividad profesional. El problema, como pasa con todas las prestaciones, es que siempre hay quien trata de aprovecharse del sistema para obtener dinero de manera fraudulenta.

Mutuas aseguradoras y empresas recurren habitualmente a los detectives privados de Mallorcapara destapar los casos de fraude a la Seguridad Social de personas que reciben prestaciones fraudulentas por incapacidad permanente.

El objetivo de los detectives privados es verificar la situación real de la persona que recibe o ha solicitado dicha prestación para asegurarse de que no la está cobrando al tiempo que trabaja ilegalmente en alguna actividad para la que se supone que está incapacitada. Se han dado muchos de estos casos por lo que, ante la duda, un detective privado laboral puede ser la solución.

El Sistema de Seguridad Social español define la prestación por incapacidad permanente como una cuantía que es abonada a una persona para “cubrir la pérdida de ingresos salariales o profesionales derivados de un accidente o enfermedad”.

Ahora bien, para obtener esta prestación debe constatarse médicamente que, tras haber sido sometida a un tratamiento, dicha persona presenta una serie de secuelas físicas o psicológicas graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral.

Concretamente, la Ley General de la Seguridad Social determina como requisitos para afirmar que se trata de una invalidez permanente los siguientes:

– Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables, es decir, que se puedan demostrar médicamente sin dar lugar a dudas y que no se basen únicamente en lo que diga el interesado.

– Que sean previsiblemente definitivas y, por tanto, incurables e irreversibles.

– Que las reducciones sean graves disminuyendo o anulando la capacidad laboral.

Una vez determinado que existe una incapacidad permanente, existen cuatro tipos que atienden al grado de incapacidad:

– Parcial.- Este tipo de incapacidad reconoce una disminución igual o superior al 33% en su rendimiento normal para el desempeño de la profesión habitual de la persona en cuestión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

– Total.- La cual imposibilita para la realización de todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, si bien no le impide poder dedicarse a otra actividad distinta.

– Absoluta.- Este grado reconoce que la persona es incapaz por completo de desarrollar cualquier profesión u oficio.

– Gran invalidez.- En este caso, además de ser incapaz para desarrollar cualquier actividad profesional, se certifica que como consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales sufridas, dicha persona necesita la asistencia de otra para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Gracias a las investigaciones sobre fraudes por incapacidad permanente se han destapado muchos casos de personas que, por ejemplo, trabajaban en negro en una determinada actividad a pesar de habérseles reconocido una incapacidad permanente total en dicha profesión. Para contribuir a que el sistema funcione adecuadamente y que las personas que realmente necesitan estas ayudas las sigan percibiendo es importante perseguir la picaresca de quien trata de aprovecharse injustamente de ellas.