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La insolvencia fingida es un delito grave

Entre uno de los delitos más graves que se pueden cometer a través de una empresa cuando esta llega a su fin está el de la insolvencia fingida. Una táctica que algunos utilizan para evitar abonar indemnizaciones y deudas, cerrando el negocio sin asumir sus responsabilidades con clientes y proveedores.

Para los que no estén familiarizados con este término, la insolvencia fingida -también llamada insolvencia fraudulenta– se produce cuando una empresa se enfrenta a un concurso de acreedores y, al declararse sin fondos, puede contar con una reducción en los costes a abonar. Para ello, debe justificar la ausencia de esos fondos. Sin embargo, algunos empresarios ocultan datos, pruebas y cuentas para poder entrar en la opción de bajo coste a pesar de que sí tienen el dinero o los bienes necesarios para hacer frente a la situación concursal de su negocio.

Este tipo de actuación se considera un delito grave y, si se demuestra, está penado por la ley. A menos que haya evidencias reales de un problema de solvencia, este hecho estará considerado un delito económico. Detectarlo y denunciarlo será clave para evitar problemas de impagos. Los acreedores pueden hacerlo por su cuenta, aportando pruebas claras que tengan a mano o, de lo contrario, pueden solicitar la ayuda de profesionales que consigan esas pruebas que les permitirán cobrar el dinero que se les debe mucho antes.

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